30/10/2014

"MANGANDO" Tipical Politic Spanish



¿Qué es el acoso psicológico en el trabajo?


Respecto a la personalidad de la víctima y del acosador, no existe un
patrón único de conducta que determine sus comportamientos.
A partir de la bibliografía revisada hasta el momento, podemos decir que
existen una serie de características de personalidad que están presentes
en la mayoría de los casos.

Respecto a las víctimas, la mayor parte de las personas que han
sido objeto de acoso psicológico en su trabajo suelen tener un elevado
nivel de ética, son honrados, rectos, autónomos, con iniciativa,
de alta capacitación profesional y populares entre sus compañeros.

En cuanto al acosador algunas de las cualidades de personalidad que
presenta son: alteración del sentido de la norma moral, no tiene sentido
de culpabilidad, es agresivo, cobarde, mentiroso, compulsivo y
tiene gran capacidad de improvisación; es bastante mediocre profesionalmente y suele tener complejo de inferioridad.

Podemos decir que el acoso psicológico es siempre un abuso de autoridad.

La persona que lo lleva a cabo busca mantener su poder y, por algún motivo, la víctima le resulta una “amenaza”. Un liderazgo mal ejercido puede convertir cualquier situación laboral en fuente de riesgo, por lo que todos en algún momento podemos estar afectados, directa o indirectamente, por el acoso psicológico en el trabajo.

Sección Sindical Securitas Barcelona 
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El sindicato de prisiones y también AUGC denuncian condiciones laborales «escandalosas»

El sindicato de prisiones y también AUGC denuncian condiciones laborales «escandalosas» en La Torrecica, con turnos de 12 horas



El mes que está a punto de concluir va a ser el primero del nuevo servicio de vigilancia exterior prestado por empresas privadas en los centros penitenciarios españoles, una medida que también afecta a la prisión albacetense de La Torrecica, y que ya recibió las críticas de los sindicatos y asociaciones profesionales. Cinco semanas después de que comenzara la presencia de los vigilantes en el perímetro de la cárcel, las mismas organizaciones opuestas a la medida inciden en sus argumentos, a tenor de las condiciones laborales que han observado durante estos días. Así lo aseguraban desde el sindicato de prisiones Acaip-USO, cuyo delegado en La Torrecica, Luis Bayo, indicaba que están viendo «condiciones escandalosas» en la plantilla de vigilantes privados, «un disparate», aseguró.

Acaip ha hecho además sus cálculos, tras acceder a los documentos de la mesa de contratación que adjudicó los contratos de vigilancia, y cifra en 640.000 euros el coste anual para La Torrecica de este servicio de vigilancia.

Bayo recordaba que los 67 centros penitenciarios se han repartido en cuatro lotes, y el lote que incluye a las prisiones de Castilla-La Mancha  ha correspondido a la empresa Ombuds, «con un coste anual de unos 7,67 millones». El delegado de Acaip señaló que lo visto estas semanas es suficiente prueba de que no hay un servicio mejorado al que prestaban hasta ahora en solitario las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  «Las condiciones laborales a las que someten estas empresas a los trabajadores aquí en Albacete son extremas; trabajan 240 horas mensuales  en  dos turnos diarios de 12 horas cada uno, por lo que están empresas están obteniendo suculentos beneficios». Luis Bayo añadía que, mientras esto ocurre, la seguridad en el interior de La Torrecica «está disminuyendo dramáticamente», tanto para los funcionarios como para los internos, porque «no se cubren las jubilaciones, ya que el Gobierno apenas convoca plazas de funcionarios». El delegado de Acaip-USO subrayaba la oposición a la «privatización» del servicio «desde el principio, porque la seguridad exterior es parte de la Seguridad del Estado y como tal no puede quedar en manos de empresas privadas».

 Tampoco a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) gustó la medida aplicada por el Gobierno, y tampoco en Albacete. El secretario provincial de la asociación, Agustín Clemente, señaló que «se nos está ocultando información porque se nos habló de que iba a ser un servicio complementario de la Guardia Civil». Clemente dijo que los agentes ven ahora cómo se refuerza un servicio que «era el adecuado y era bueno según nos decían en la negociación, cuando pedíamos mejorarlo». El dirigente de AUGC dijo que ahora «dan 40 millones de euros a las empresas privadas, y para los guardias civiles  ni un euro para incentivos, ni horas extra ni productividades; nos pagan 0,75 euros por hora nocturna, y 1,25 euros por hora de festivo; nos quedamos estupefactos».

El secretario provincial de la asociación de guardias civiles indicó que hay «preocupación» porque en la unidad de la cárcel de la Comandancia «se producen vacantes que no se cubren; de unos 80 que éramos hace unos años ahora somos en torno a 50». Clemente indicó que han podido comprobar que ahora hay menos agentes en la vigilancia de La Torrecica, y a la vez «hay unos seis vigilantes en turnos de 12 horas, lo que supone pagar horas extra que a nosotros se nos negaban», todo ello «con dinero público»


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23/10/2014

La privatización de la seguridad beneficia a amigos del PP y empresas descolgadas del Convenio Estatal de Seguridad Privada.

Los más de 250.000 contratos de vigilancia y protección de las instalaciones de la Administración General del Estado (AGE) que el Gobierno del PP suscribió o renovó automáticamente en 2013 con cincuenta empresas de seguridad ha vuelto a poner de relieve la fuerte apuesta por la privatización de una función que la Constitución encomienda en exclusiva a las autoridades públicas. 

Algunas empresas favorecidas incumplen los convenios colectivos, en otras se sientan exministros y familiares de dirigentes del PP, y otras aparecen en la trama Gürtel o como donantes de dinero al partido. Los dos últimos hitos, la privatización de la seguridad de las 67 cárceles dependientes del Gobierno central y la extensión de la seguridad privada a los espacios públicos, han consechado el rechazo de los sindicatos, el PSOE, IU y las demás formaciones a la izquierda del PP.


Dos de las empresas más favorecidas por el Gobierno de Mariano Rajoy, Securitas Seguridad (2.165 contratos) y Cyrasa (1.226) ni siquiera cumplen el convenio colectivo del sector. Su descuelge –uno de los beneficios de la reforma laboral– les permite pagar menos de 855 euros mensuales (mínimo para operadores de alarma), de 1.250 a los vigilantes, y de 1.450 euros, que es el máximo salarial del convenio para los vigilantes conductores de transportes de alto riesgo (explosivos y materias tóxicas y peligrosas). Securitas Seguridad obtuvo en 2012 la vigilancia del famoso Aeropuerto de Castellón por 903.000 euros anuales. Se la otorgó la sociedad pública Aerocas que presidía Carlos Fabra. Su dimisión, al ser sometido a juicio por corrupción, puso de relieve el abuso del dinero público también en esta materia, pues el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Ciscar, después de un estudio realizado por Pasiphae –consultoría del que fuera ministro con el PP, Josep Piqué–, le rescindió el contrato y agenció por 240.000 euros los servicios de otra empresa.

El Ejecutivo de Rajoy no solo no ha aplicado la condición a las empresas de que cumplan los convenios de mínimos, sino que tampoco les ha exigido que mantengan las plantillas y el empleo. Como botón de muestra de lo que está ocurriendo, los responsables sindicales de la UGT han denunciado cómo dos días después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, del que es titular José Manuel García-Margallo y Marfil, asignara un contrato de dos millones de euros a Prosegur, la empresa comunicaba un ERE a la plantilla. Con más de 22.000 contratos con la Administración cental, la empresa que preside Helena Revoredo Delvecchio, una de las mayores fortunas de España, y cuenta con el multimillonario Bill Gates entre sus accionistas (el 3%), se inscribe entre las que mejor trato reciben del Gobierno.

Cierto es que los dirigentes de la mencionada sociedad –la viuda del fundador ultraderechista argentino Heberto Gut y sus hijos Chistian y Chantal–, no han dudado en agenciar los servicios jurídicos del exministro y actual embajador en Londres, Federico Trillo, cuando lo han necesitado. Trillo asignó contratos a Prosegur por más de siete millones de euros cuando era ministro de Defensa. Implantó vigilantes privados, videocámaras y otros elementos de seguridad en las Academias Militares y en la sede de varias unidades como si el Ejército no fuera capaz de protegerse a sí mismo y, cuando abandonó la primera línea de responsabilidad pública en 2004, al perder el PP las elecciones, obtuvo permiso del Congreso de los Diputados para ejercer la abogacía y aceptó a Prosegur de cliente del despacho Estudio Jurídico Lábor que montó con sus hijos.

La cercanía y relación de este gigante de la seguridad, cuya división en América Latina ha sido denunciada por varias ONG ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el partido gubernamental se puede considerar ya “histórica” si tenemos en cuenta que el exministro Rodolfo Marín Villa fue uno de sus principales valedores (ocupó la presidencia, seguido del también exministro con la UCD y con el PP de Aznar, Rafael Arias Salgado) y que José María Mayor Oreja, hermano del exministro, facilitó la absorción de Protección y Custodia, de la que era apoderado y, con el PP de Aznar en el Gobierno, contribuyó a favorecer la obtención de contratos de las administraciones públicas.

Las presiones y el tráfico de influencias para la obtención de contratas de seguridad han llegado a ser tan usuales como descaradas. Ejemplo de presión fue la advertencia en 2012 del jefe sueco de Securitas Seguridad, Alf Goransson, de retirar la empresa de alarmas si el nuevo Gobierno no respondía a los tres puntos de su anagrama (socorro en morse). Hoy tiene más de 130.000 contratos de la AGE. Ejemplo del descaro es la asignación de la vigilancia de los embalses de Córdoba a Isotroly por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Según quedó recogido en la Plataforma de Contratación del Estado y trascendió en agosto pasado, esa sociedad, de acuerdo con Sacyr, obtuvo un contrato de 3,3 millones de euros. Su presidente, José Luis Calvo Borrego, es pareja de hecho de la diputada andaluza del PP Carolina González Vigo, portavoz de Medio Ambiente con el equipo de Javier Arenas. Como tal influyó decisivamente en el nombramiento de Manuel Romero Ortiz como presidente de la Confederación del Guadalquivir. Y el granadino Romero –a la sazón, amigo y paisano de Calvo Borrego–, le devolvió el favor en forma de contrata, al tiempo que, como en otras áreas, las plantillas de empleados públicos caen en picado dizque para ahorrar gasto.

Sobre ese ahorro de recursos públicos, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha conseguido la cuadratura del círculo al asignar a una unión temporal de empresas encabezada por Seguriber y Umano, que preside la también presidenta del lobby Círculo de Empresarios, Monica Oriol Icaza, la seguridad de los accesos y perímetros de las cárceles, en detrimento de los funcionarios de prisiones y de la Guardia Civil. El primer contrato de 33,4 millones de euros para un despliegue de 800 profesionales de seguridad privada supone 41.000 euros por vigilante al año frente a los 25.000 de un funcionario de prisiones o los 33.000 de un guardia civil. Claro está que si tenemos en cuenta que la nómina de un vigilante de seguridad no pasa de 1.400 euros al mes, Oriol y sus socios tienen motivos millonarios de agradecimiento a Fernández.

Si para el sindicato de funcionarios CSIF la operación Fernández va a suponer una merma de la seguridad, ya que “mientras los funcionarios están entre un año y dos de prácticas, el personal de seguridad privada sólo ha realizado un curso de unas decenas de horas”, para el SUGC y otras formaciones sindicales de la Guardia Civil la privatización representa una “clara intromisión” del sector privado “por intereses económicos concretos” y, según explica el portavoz de la Unión de Guardias Civiles (UGC), Ramón Rodríguez Prendes, “para el enriquecimiento de unos pocas y determinadas personas sin tener en cuenta la crisis que estamos pasando”.

¿De qué personas se trata? Basta echar una ojeada al Borme para saber que los Álvarez Mezquiriz, del Grupo Eulén, a cuyo servicio han estado el exministro Jaime Mayor Oreja (intermitentemente) y otros miembros de su familia, también se benefician de la alianza de empresas de seguridad privada para dar respuesta a la nueva politica de Fernández Díaz. En 211, el entonces eurodiputado y dirigente nacional del PP Jaime Mayor, acudió a la investidura del bodeguero y fundador de Eulén, David Álvarez, como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández y, ante la proximidad de las elecciones autonómicas, afirmó que serían los valencianos los que tendrían que decir si el caso Gurtel afectaba al PP.

Dimisiones políticas aparte –incluída la de Juan Cotino, a quien Mayor calificó de “honrado, decente y ejemplar” en aquella ocasíón– la relación con la trama de Francisco Correa no ha perjudicado la contratación. Así, en 2013, el Ministerio de Defensa asignó en 3,3 millones de euros el servicio de vigilancia con armas del Hospital Gomez Ulla de Madrid (más de un millón de euros) y de los centros sanitarios de Córdoba, Burgos, San Fernando, Ceuta y Melilla, a Eulén y Ombuds. La primera se quedó con dos de los diez lotes (373.000 euros) y la segunda con el resto, casi tres millones de euros. La Ombuds de Rodrigo Cortina y de su padre Antonio Cortina Prieto, vinculado al fallecido Manuel Fraga, tiene de consejero a Antonio Eraso Campuzano, de familia noble y, al parecer, utilizada por Correa para colocar el dinero en Suiza. La investigación policial y judicial atribuye a su hermano Eduardo Eraso la colaboración con Correa para ocultar 18 millones de euros en cuentas numeradas en la banca helvética. Es uno de los 71 imputados.

Además de los contratos con Defensa, la sociedad de los Cortina participa en la tarta de las cárceles, de la que se nutre asimismo Segur Ibérica. Esta empresa fue contratada para defender a los atuneros españoles en el Índico, una misión a la que el Ministerio de Defensa ha aportado ayuda económica y entrenamiento. Pedro Morenés Elate se convirtió en presidente de Segur Ibérica en noviembre de 2011, aunque abandonó el cargo en enero de 2012 al ser nombrado ministro de Defensa. Al margen de la Gurtel, el presidente de Seguridad Integral Canaria, otra de las empresas más beneficiadas con contratos del Gobierno central (el autonómico de Madrid le concedió la seguridad del Metro) figura como donante del PP para sus campañas electorales.

Sobre el segundo hito de la privatización de la seguridad, cual es la extensión de los vigilantes privados a los espacios públicos, el exfiscal anticorrupción y exeurodiputado de Podemos, Carlos Jiménez Villarejo, considera “inaceptable” que la nueva Ley de Seguridad Privada permita a los vigilantes de seguridad intervenir en el control de reuniones y manifestaciones públicas. “Es inaceptable –dice–, aunque lo hagan complementando y bajo el difuso control de la acción estrictamente policial”. Para Villarejo, la nueva ley aprobada por el PP, CiU y PNV y en vigor desde junio pasado “constituye un grave retroceso democrático impulsado por el PP y respaldado por sus aliados soberanistas”.


fuente: datos suministrados por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes al diputado del PSOE Juan Carlos Corcuera, correspondientes a 2013. / gráfico y texto: cuartopoder.es, imagen: cuatro tv.
Os adjuntamos el Acta Final y el documento definitivo (para descargar desde google drive) del Convenio de Seguridad Privada 2015,

 Convenio Seguridad Privada 2015.pdf 





Circular Informativa Nº 38


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Sentencia contra Sanción


El Juzgado de los Social 1 de Cartagena ha fallado favorablemente a los intereses del afiliado de CC.OO. por una injustificada falta muy grave, que le interpuso la empresa Segur Ibérica en el ejercicio de sus funciones. 

Cabe detallar que la sanción que Segur Ibérica quería aplicar al trabajador consistía en suspensión de empleo y sueldo de 60 dias.

Una vez mas nuestra enhorabuena al trabajador, y al equipo jurídico y sindical de CCOO, Seguridad Privada de Murcia por su gran labor.

Adjuntamos la Sentencia, donde se relatan los hechos y la confirmación de la correcta actuación del vigilante de seguridad murciano.





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